Buenas tardes. Gracias a todos por venir. Quiero hablar sobre una idea que gracias al trabajo y apoyo de muchas personas, hoy empieza a tomar forma.

Siempre es más fácil destruir que construir, y por eso hoy se marca un paso importante. No soy juez, pero nadie puede negar el origen opaco de esta terminal. No pretendo que debamos olvidarlo o borrar la cuenta y empezar de cero, pero hoy de lo que se trata es de recoger los pedazos de esa necesaria desarticulación y empezar a reconstruir el país que en el imaginario de muchos pensamos que podemos tener.

Como dijo una reconocida politóloga: “¿Puede redirigirse lo que nace de la corrupción para responder al mejor interés de la sociedad? Y a mi parecer no solo puede sino debe.”

Mi compromiso deviene de un irrestricto apoyo a quienes se arriesgan por hacer de este un país mejor, el Juez, MP y CICIG. Mi trabajo, por instrucciones del juez y de conformidad con la ley, es hacer operativa la empresa, de tal forma que pueda generar utilidades para el Estado. Eso hace un interventor. Por otro lado, los causantes del daño a esta terminal son representantes de entidades del Estado y empleados públicos que si en ese entonces hubiesen realizado su trabajo, no hubiera sido necesario mi intervención. Algunos ahora puedan estar detenidos y cuyo proceso penal sujeto al debido proceso no se interrumpe con la entrada en operaciones.

Creo de suma importancia que gran parte de la clase política de este país se reexamine y encuentre soluciones a los grandes problemas con responsabilidad. Se debe buscar sobretodo el interés colectivo más que el personal. La forma en que la clase política ha permitido que se usen los puertos es un crimen.

Aunque hay algunas voces disidentes, también hay mucho apoyo a lo que hoy aquí se está haciendo. Como me dijo un auditor de confianza, solo en los proyectos donde hay corrupción es donde no hay oposición.

Los océanos conectan al mundo sin importar los muros. A pocas millas de acá hay una especie de súper carretera marítima a la que acceden barcos como el que ven hoy y a la que solo podemos conectarnos con puertos como este. Esto implica bienestar para los guatemaltecos que se traslada en procesos más eficaces de exportación, más y mayor eficiente recaudación para la SAT y mejores controles para la lucha contra el narcotráfico, la defraudación aduanera, la trata de personas y muchas otras actividades que han hecho de los puertos su casa.

Espero que en algunos años esto se reconozca, no como el inicio de una actividad comercial, sino como un golpe al crimen organizado, que si no se da bajo estas condiciones, con todas las estructuras debilitadas, no se dará nunca. La operación de una entidad bajo intervención, es claro que a ellos es a quienes más afecta.

Yo vengo de un mundo académico, mi paso por acá es transitorio, pero me motiva la idea de reconstruir. Tomar algo tocado por la corrupción y tratar de sanearlo en vez de tirarlo, es esencial para nuestro bienestar. Hoy acá es la primera vez que como país estamos construyendo en vez de destruir algo en estas circunstancias. Hoy se toma algo que fue opaco, se limpia y se pone a beneficio de la sociedad. La otra ruta, quizás más fácil pero menos beneficiosa, es que perdamos todo.

Nokwanda, el nombre del barco que vemos hoy es una palabra zulu que significa: aumentará o abundancia. Espero que signifique un aumento en la transparencia, un aumento en el afán de construir que necesariamente debe de acompañar el destruir estructuras criminales.

Cuando se me pidió ser interventor mi primera reacción fue declinar. Aceptar el cargo era descender al que es según varios expertos, junto con las cárceles, la mayor guarida institucional del crimen organizado.

Tengo ya más de 8 meses de dormir con la llave de la caja fuerte de TCQ al cuello. De ser personalmente responsable por activos de cientos de millones de quetzales, que ante un mal paso me podrían cobrar personalmente. De tener un puesto que no tiene vacaciones ni suplente.

De evitar las rutinas, por mi propia seguridad. De moverme en círculos incómodos de algunos políticos que dicen algo en privado y lo opuesto en público. De dejar mi pancarta para apoyar a quienes se arriesgan, lo cual implica arriesgarse también.

Confieso, no acepté ser el interventor porque quisiera, ni porque tenga aspiraciones políticas. De hecho, era importante para mí que fuera una posición designada por un juez y no un político. Tampoco busco un puesto en el gobierno ni ser candidato a diputados en las siguientes elecciones. Lo hice porque me habría dado vergüenza exigir un mejor país sabiendo que me había negado a dar una mano cuando me lo pidieron quienes se arriesgan por nosotros.

En un país acostumbrado a la corrupción, lo único que se esperaba de mi era que no usara mi posición para lucrar indebidamente y así ha sido. Durante mi tiempo como interventor no he aceptado ni una invitación a almorzar de los accionistas, no he contratado a familiares o amigos ni he buscado la oportunidad de hacer negocios. Y lo que pienso ahora no es necesariamente lo mismo que pensaba estando afuera, luego de leer miles de páginas y conocer a la gente, que abordé en un inicio con natural desconfianza.

Un interventor en estos tiempos es incómodo. A nadie debe sorprender que los propietarios no me quieran aquí; ellos apelaron la intervención. A la gerencia se le dan instrucciones a veces distintas a lo que tenían planeado. No todos los gastos se aprueban. Pero se les ha tratado con la seriedad y dignidad que exige ser auxiliar de una función judicial. Rápido aprendí que este caso toca muchos intereses. Son muchos también los funcionarios involucrados, trasciende varios gobiernos. Algunos acusados ya, pero seguramente no todos. Además, es un caso que pasó por muchos abogados, bancos y personas con poder. Mi relación con todos ellos no siempre afortunada. Dejé de admirar a algunas personas, y ahora lo hago más a otras.

Pero mi rol no es el de acomodar los intereses de nadie y ser interventor en este momento implica ganar algunas enemistades.

Sin duda, he aprendido mucho. Tengo una nueva admiración por los buenos funcionarios, que los hay.

No es la posibilidad de sanear un tema de inversión extranjera lo que me motiva, ni la de evitar un arbitraje internacional contra el Estado. No me interesa quien sea la propietaria de la empresa, no soy su asesor o accionista. Ni me corresponde a mí decidir sobre el futuro de la intervención o extinción. En mi primera evaluación de seguridad me dijeron en CICIG que debía esperar una campaña de desprestigio. Antes de la intervención jamás había escuchado de la empresa accionista de la terminal, mucho menos trabajar con ellos. Desde el 2008 trabajo de manera independiente en mi oficina propia donde soy el único abogado, pero claro, no falta el que está acostumbrado a la opacidad y los acuerdos bajo la mesa que cree que todos somos como ellos.

Cuento hoy con el mismo respaldo que tenía hace nueve meses por parte de quienes me pidieron aceptar el cargo. Sin mañas, sin que nadie pueda decir que me he aprovechado para beneficio personal de las finanzas de la empresa y no hay mayor seguridad que eso.

Ahora tengo dos grandes motivaciones: la primera es la oportunidad de quitarle el negocio a los grupos del crimen organizado que tienen en la defraudación aduanera su principal medio de subsistencia; lograr entonces que una terminal de contenedores opere con transparencia para que esto sea un golpe directo al crimen organizado. Más que una terminal esto debe llevar a un saneamiento de todo el sistema portuario nacional y veo a pocos impulsando esta urgente discusión y a muchos beneficiándose indebidamente de ella.

La segunda es la oportunidad de que un proyecto sirva efectivamente para el bienestar de los guatemaltecos y especialmente, para los habitantes alrededor del puerto. ¿Cómo es posible que el puerto no ha tenido el efecto deseado en mejorar el nivel de vida de los habitantes más cercanos? Salgan y vean a pocos kilómetros de acá la pobreza. Que se pierda todo es fácil. Es claro que el puerto no ha impulsado el desarrollo para las comunidades más cercanas, pero eso debe cambiar y se debe definir un rumbo. No podemos dejar que se nos robe dos veces, una vez con la corrupción y la otra al impedirnos hacer uso de las herramientas para lograr nuestra prosperidad.

Administrar una empresa con costos elevados que nunca ha recibido ingresos y además tiene una intervención de extinción de dominio es un reto como pocos. ¿Cuántas empresas subsistirían así? 8 meses sin ingresos. El esfuerzo ha sido más que ordinario y en parte posible debido al apoyo de muchos y a la confianza que algunas autoridades, empleados y proveedores han depositado en mí. Si algo creo que falta en nuestro país es confianza. Yo no traje a TCQ más que eso. No tengo influencia, familiares con cargos públicos, contratos con el estado, afiliaciones partidarias, contactos, dinero, ni use los disponibles para entrar a negociaciones políticas ni beneficios indebidos a cambio de apoyos políticos.

Confianza es todo lo que puedo ofrecer. Eso ha bastado para llegar hasta acá. En un país donde hay políticos y columnistas que hoy dicen una cosa y luego con la misma cara dicen lo opuesto, la confianza resultó ser suficiente para que los proveedores reestablecieran las relaciones comerciales, los funcionarios cumplieran su responsabilidad de evaluar el cumplimiento de requisitos para operación bajo la ley y para que los colaboradores, con gran esfuerzo, se siguieran esmerando en hacer de este un lugar distinto. No es solo una terminal más, es un modelo que cambiará la forma de funcionar los puertos y las aduanas en el país.

A los colaboradores de la SAT les pido, que todos estos esfuerzos no sean en vano, que hagan de este lugar su casa, una casa de transparencia. Mientras yo me encuentre aquí serán mi prioridad y contaran con las herramientas que los recursos me permitan para hacer su trabajo. Hago ese compromiso en público como lo he hecho en privado, sé que con el actual liderazgo de la SAT no nos defraudarán.

Lo que pasará a largo plazo es difícil definir. Yo hago lo que puedo con los recursos a mi disposición, pero estos son limitados. Las soluciones que tomen en cuenta las necesidades financieras, comerciales y legales son limitadas también. Si somos serios, las opciones no son muchas. Yo puedo dar mi opinión sobre las formas para sanear posibles, generar una discusión sobre un asunto de relevancia nacional sobre el cual no había propuestas. No es mi rol insistir, ni tampoco decidir si se saneará en el largo plazo. Al final es a otros a quienes les corresponde decidir y a su vez tomar la responsabilidad que implica esa decisión. No hablamos acá de una mansión, un vehículo de lujo o una máquina para un spa, hablamos de un puerto que es el pan diario para mucha gente y es trascendental para la economía del país. Así me lo han dicho organizaciones de los más variados espectros ideológicos.

Frustra la forma en que la corrupción nos puede robar un mejor futuro y además, nos pueda impedir hacer uso de las herramientas necesarias para lograr la prosperidad del país. Debe prevalecer la razón antes que la emotividad. No puedo, ni me lo permite mi responsabilidad como interventor o como guatemalteco, lanzar el pan al mar. Ahí sí tendría que rendir cuentas. Y ahora cuando lo haga ante el juez lo puedo hacer con toda seguridad.

Un país con hambre no puede echar a perder una oportunidad excelente para desarrollarse y de eso comer.

Lo que realmente está en juego aquí es la idea cuyo tiempo ha llegado, ¿Puede limpiarse lo que inició mal? Como dije, no pido esconder la tierra bajo la alfombra o pretender que nada ha pasado sino al contrario, enfrentarlo. Hagamos que nuestro amor por lo que este país puede llegar a convertirse sea más grande que el odio y el egoísmo de quienes lo han corrompido; y por supuesto que quien tenga responsabilidad penal por sus acciones, que pague su culpa. Pero nuestro enojo por las acciones corruptas no debe provocar que no tomemos medidas para evitar un mayor daño. Yo no puedo cambiar lo que pasó, pero si la forma en la que ahora lo enfrentamos, superamos y construimos. La corrupción mata y es nuestro deber atacarla para erradicarla. El Juez de extinción de dominio, principal responsable de la extinción de millones de dólares al año me ha encargado una misión, yo bajo la ley la cumplo.

Entiendo la necesidad de muchos de lanzar públicamente el reclamo de sus conciencias indignadas por la corrupción que se ha llevado a cabo en este país y que hace poco se ha revelado, yo los acompaño. Los retos son grandes, el sistema no es nuevo ni fue creado por quienes hoy ocupan cargos en el Estado. Es claro que no queremos corrupción, pero aparte tenemos que definir un esfuerzo común con la esperanza de estar mejor. La prosperidad económica para esto es vital pues incide en el nivel de desarrollo de los guatemaltecos.

Recoger, limpiar, transparentar y reconstruir los destrozos de la corrupción es indispensable. Desarticular las estructuras y a la vez, impedir que destruyan las herramientas de nuestra prosperidad.

Este es un puerto, una puerta, que no vale solo por lo que hay sino por lo que permite en temas de recaudación, empleos y competitividad. No debemos olvidar el daño que se causó, pero nuestra inteligencia y amor por el país deben sobrepasar la codicia de quienes lo causaron.

19 de Febrero de 2017