Recomendaciones para la adecuada protección de las relaciones comerciales de empresas en Centroamérica con bancos y clientes en Estados Unidos ante una investigación criminal local.

[La forma en que se maneja la relación con los colaboradores e instituciones bancarias estadounidenses puede ser tan relevante como el caso penal local]

Por Alexander Aizenstatd L.

Tan solo la noticia en prensa sobre una investigación criminal contra una empresa o en contra de uno de sus directivos puede conllevar consecuencias graves, pero además, si mantiene una relación con alguna institución financiera o clientes en Estados Unidos, puede dañarlas de manera permanente. Podría incluso cerrarle las puertas al mercado bancario estadounidense si no se toman las medidas adecuadas.

Es cada vez más común que las empresas tengan puntos de contacto con Estados Unidos, ya sea por medio de entidades bancarias que prestan servicios financieros, clientes o proveedores de importancia. Estos a su vez, cada vez están más conscientes de los efectos legales o reputacionales que sus relaciones con las empresas en Centroamérica pueden tener. Esto toma particular importancia cuando la empresa centroamericana o algunos de sus directores son objeto de una investigación criminal.

Algunas entidades estadounidenses sofisticadas, especialmente las financieras, tienen departamentos de cumplimiento, integrados por profesionales cuya tarea en gran parte consiste en disminuir los riesgos legales y reputacionales de la entidad. Estos riesgos no solamente se limitan a la conducta de sus funcionarios, sino además incluyen la de sus relaciones con clientes o proveedores en el extranjero. Según la Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) una entidad estadounidense puede ser objeto de multas significativas, o incluso cárcel por actos impropios en los que estuviere involucrada en el extranjero. A su vez las entidades extranjeras pueden ser multadas en Estados Unidos, ninguna empresa quiere arriesgarse a estar involucrada en esos casos o siquiera ser investigada por ellos. Pero esto no se limita únicamente a empresas estadounidenses. Nueve de las diez sanciones más altas bajo la FCPA han sido impuestas a empresas extranjeras. Las sanciones son significativas. La más alta al momento, impuesta a Petrobras en el 2018 fue por 1.78 billones de dólares. Es por esto que los departamentos de cumplimiento se toman este riesgo en serio.

No es solo el riesgo de sanciones bajo el FCPA, o de participación en una conspiración criminal lo que motiva a los departamentos de cumplimiento a ser extremadamente cautelosos, lo es también el riesgo reputacional. Para una entidad bancaria una noticia de prensa sobre su vinculación con un sujeto de una investigación criminal puede tener consecuencias dentro del mercado o afectar su valor de cotización en bolsa, incluso si solamente es su cliente. Cuando una relación con un cliente centroamericano no representa un ingreso significativo para la compañía, pero a su vez puede representar un costo importante en términos de reputación, los departamentos de cumplimiento tendrán una mayor aversión al riesgo de continuar esa relación. Para algunos eso puede significar una falta de acceso al sistema bancario estadounidense, o la pérdida de un cliente significativo. Es por ello que las medidas que tome la empresa respecto a esto ante una investigación criminal son indispensables para evitar daños mayores. Acá algunas recomendaciones.

Es posible que los departamentos de cumplimiento extranjeros por medio del monitoreo de medios de comunicación obtengan información sobre la investigación o acusación o bien puede ser que se enteren por medio de otros contactos en el país. A veces incluso las fiscalías publican comunicados de prensa o hacen conferencias de prensa, los departamentos de cumplimiento estas pendientes de estos. La empresa no debería de esperar a que se enteren por alguno de estos medios. Si los directivos ya tienen información de la investigación o acusaciones y consideran que son de suficiente relevancia como para arriesgar la relación, deben ser ellos los que activamente busquen a sus contrapartes en estados unidos para informarles de los hechos, antes de que se enteren por la prensa. Incluso si consideran que las acusaciones no tienen mayor fundamento o puedan ser eventualmente desvirtuadas. Una cosa es la presunción de inocencia como principio legal y otra los riesgos que ellos están dispuestos a tomar. Puede ser que el departamento de cumplimiento no desee tomar ese riesgo y tome la decisión antes de darles la oportunidad de pronunciarse, de ahí que hay que hacer el acercamiento antes para explicar los hechos. Además, los comunicados o las notas de prensa frecuentemente contienen errores. Si la comunicación no es directa, será difícil dar explicaciones después. Si en un ejercicio de transparencia y confianza se hace el acercamiento antes de que se enteren por medio del departamento de cumplimiento, eso hará que la noticia no venga como una sorpresa, además permite a los ejecutivos que tratan con la empresa en la parte comercial explicar la posición de la entidad antes de que el departamento de cumplimiento tome una decisión. Los departamentos de cumplimiento son reservados y no tendrán relación con empresas externas, de ahí que es importante trasladar la información por medio de la parte comercial de manera inicial.

Cuando la relación trata con instituciones financieras es más importante ser la primera fuente de las noticias. La cultura de negocios centroamericana a veces fomenta la poca comunicación externa con el objetivo de prevenir riesgos, esa actitud en este caso es una desventaja. Lo mejor es acudir directamente con ellos, por iniciativa propia, para transmitir de manera transparente la situación, antes de que se enteren por otros medios. Es una señal de honestidad y de que se valora la relación. Al final de cuentas es lo que valoraría uno si estuviera en la misma posición que ellos.

Esa transmisión de información idealmente debe de ser por medio de una visita personal y de ser posible solicitar que alguien del departamento de cumplimiento los acompañe. La información transmitida debe de ser honesta y confiable, verificable por terceros. De poco sirve hacer el primer acercamiento si la información no es del todo verdadera, o si es exageradamente optimista. Debe transmitirse de manera sencilla, concreta y certera. Para esto es indispensable contar en su equipo con un profesional del derecho que conozca tanto el sistema legal centroamericano como el estadounidense, que se pueda comunicar tanto en inglés como en español. Idealmente que tenga alguna experiencia que ante los ojos del tercero le confieran legitimidad. Idealmente el abogado no habrá estado relacionado con los actos que se investigan en la empresa y no será el abogado in house de la empresa. Podrá acompañarlo el in house de ser necesario, pero una visión externa objetiva es ideal. Un tercero será mucho más objetivo y podrá cumplir el fin de transmitir la información para resguardar la relación sin hacer una defensa oficiosa de su empleador. A veces tendrá que emitir informes para compartir con los departamentos de cumplimiento, de ahí que su objetividad será valorada.

Dependiendo de la complejidad del tema y sus posibles puntos de contacto con la ley estadounidense puede ser recomendado contratar los servicios de una firma legal estadounidense. En primer lugar, para analizar los riesgos que puedan surgir a raíz del caso, pero en segundo lugar para actuar como interlocutores ante los departamentos de cumplimiento estadounidenses. Importante tomar en cuenta que la empresa debe de ser transparente con esos asesores y tomar en cuenta que las mismas firmas tienen departamentos de cumplimiento, por lo que los antecedentes pueden ser un obstáculo incluso para la contratación de asesoría legal. De ahí la importancia de tener un abogado local que esté familiarizado con el contexto centroamericano y el estadounidense.

Luego del primer acercamiento con el cliente o proveedor deberán de hacerse otras actualizaciones periódicas, que dependiendo del caso podrán ser mensuales o darse conforme algún avance importante en los casos locales. Es importante que esas actualizaciones sean constantes, de ser posibles en persona y acompañados de algún material que documente avances en los casos o informes del abogado contratado para el efecto. Es importante que se mantenga el contacto periódico incluso cuando no exista un cambio significativo que reportar.

La comunicación debe de ser de buena fe, de ser posible acompañada de documentos y del resultado de otros casos parecidos cuando los hubiere. La comunicación de buena fe incluye la de no menospreciar el trabajo de las autoridades nacionales, de ahí que no debe hablarse mal de jueces o fiscales, eso solo debilita la legitimidad de la comunicación. Se podrán resaltar los errores técnicos, pero no descartar todo como un ataque político o debido a la corrupción, incluso si el caso contiene algunos elementos de eso. La empresa puede pronunciarse sobre notas de prensa o comunicados inexactos, pero ni la empresa ni sus directivos deben de involucrarse en campañas de desprestigio contra las autoridades involucradas en el caso. Esto debilita los reclamos ante terceros.

Además de la comunicación la empresa debe de tomar medidas internas. Investigar, separar a los directores involucrados cuando sea prudente hacerlo, implementar políticas genuinas que eviten hechos como los investigados, incluso cuando no hayan ocurrido. No se trata solamente de comunicarse sino de comprobar que la empresa toma medidas que demuestran su compromiso a mantener altos estándares de integridad, lo cual incluye el cumplimiento con las leyes y la cooperación con las autoridades.

Cada caso será diferente, pero en mi experiencia lo más importante es tratar a la contraparte de la misma forma que uno esperaría si estuviera en su lugar. Las empresas estadounidenses comprenden que un directivo puede ser sujeto de una investigación o de una acusación y que eso no necesariamente significa que sea culpable, pero a su vez tienen que rendir cuentas ante sus propios departamentos de cumplimiento y accionistas. De ahí que una comunicación honesta y transparente, antes de que la noticia llegue por otros medios, abre la puerta y les da espacio de maniobra para presumir buena fe. Un caso penal puede tomar varios años y puede incluso resolverse favorablemente en muchos casos, pero si la empresa no toma los pasos necesarios para proteger la relación con sus contrapartes estadounidenses, para cuando resuelva el caso ya tendrá las puertas cerradas. Afrontar estas situaciones de frente y con honestidad, con la ayuda de un asesor externo experimentado puede evitar que algo de por si difícil, se vuelva en algo mucho peor.

La condena millonaria

Garantizar la protección de los derechos humanos tiene un costo.

Por: Alexander Aizenstatd L.

Me parece sano que se analicen y critiquen las sentencias de tribunales internacionales. Mi curso de derecho internacional consiste principalmente en eso. Pero debe de hacerse de forma analítica y rigurosa. Sobre el caso del Diario Militar (Gudiel Álvarez y otros) en contra de Guatemala, que data ya de hace unos 7 años pero que recientemente se ha vuelto a comentar, es importante tener en cuenta:

  • Las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos son públicas y disponibles para todos en www.corteidh.or.cr.  El texto de esa sentencia ha estado disponible desde finales del año 2012. Fue objeto además de un comunicado de prensa de la Corte desde el 2012 y de numerosas notas de prensa y artículos académicos. Una alumna incluso escribió su trabajo de clase sobre el mismo. Además el Estado debió de publicar la sentencia desde el 2013 (y presumo que así lo hizo): 1) en el Diario de Centroamérica; 2) en un diario de mayor circulación; y 3) en una página web oficial del Estado.
  • El Estado no es quien debe decidir si cumple o no una sentencia. Imaginemos que depende del condenado en un juicio decidir si cumple. Son sentencias no sugerencias.
  • Las sentencias de la Corte no contravienen la Constitución. La Convención Americana de Derechos Humanos tiene el mismo nivel de la Constitución como parte del bloque de constitucionalidad según ha señalado la misma Corte de Constitucionalidad en numerosas sentencias desde por lo menos el 2012.
  • A la defensa del Estado de Guatemala en casos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos se le ha criticado por desconocer “principios básicos de derechos internacional”. Por ejemplo, se presenta a la fase de ejecución para cuestionar la competencia. En todo caso la función del Estado debe enfocarse en garantizar los derechos humanos y que no se repitan las violaciones, no en evitar asumir las consecuencias de sus actos.
  • La Corte no conoce de casos de Guatemala anteriores a marzo de 1987. Conoce eventualmente sobre hechos que hayan iniciado antes de 1987 pero solamente si sus efectos continúan en el tiempo. Un secuestro no solo se comete mientras se sustrae a la persona sino que también mientras permanece en cautiverio. Lo mismo sucede con la desaparición forzada. Permanece hasta que aparezca el desaparecido o sus restos mortales. Para evitar ser demandado por estos casos bastaba indicarlo en la reserva al momento de aceptar la competencia de la Corte. El Salvador, Chile, Nicaragua y otros así lo hicieron, nosotros no. La Corte no tiene la culpa de esto.
  • La condena en costas por asesoría legal a favor de la fundación que llevó el caso fue por US$70,000.00. Pidió más pero no le fue otorgado. Ese monto refleja trabajo por 7 años que duró el proceso, incluyendo gastos. Cada quien podrá decidir si es un monto extraordinario.
  • Las reparaciones principales en ese caso van desde los US$2,000.00 hasta los US$400,000.00 para los familiares por cada una de las 26 víctimas. La mayoría son por aproximadamente US$100,000. Aparte hay otros montos menores por daños psicológicos ¿Es un monto extraordinario por la vida de un familiar?

No he asesorado a las partes en este caso ni al Estado. Solo creo que si nos vamos a tomar en serio nuestras obligaciones internacionales debemos de tener un debate riguroso. Hay importantes críticas que pueden hacerse al sistema interamericano de derechos humanos, a la defensa del Estado y a las sentencias. Sería bueno generar un debate serio sobre el tema. Yo tengo varias críticas. Pero estas deben de estar sustentadas. De otra forma vamos a seguir igual siempre.

La corrupción más cobarde

Por: Alexander Aizenstatd L.

Además de corrupto, es cobarde quien atribuye a otro su mal obrar.

 

Toda corrupción es mala, pero es además cobarde, quien la realiza dañando el buen nombre de un inocente que no participa de ella.

Hace algún tiempo conocí a un importante funcionario internacional quien me indicó que para el buen desempeño de sus actividades debía reunirse con personas de distintas esferas, para estar enterado de la realidad nacional. Entre estas personas, con cierta periodicidad se reunía con un empresario influyente que conocía bien el país y contaba entre sus amistades a personas de distintos campos. De tiempo en tiempo este empresario le recomendaba al funcionario reunirse con distintas personas para estar mejor enterado de algún tema concreto. Con frecuencia el funcionario aceptaba la recomendación y su asistente llamaba para organizar la reunión. Algún tiempo después el funcionario se enteró que el empresario cobraba a los terceros por estas recomendaciones, asegurando no solamente poder conseguir las citas, sino que sería el mismo funcionario quien llamaría para hacerla. Debido a la influencia del funcionario y la dificultad de obtener una reunión con él, esas citas eran cotizadas. El funcionario no estaba enterado que el empresario vendía esas citas, y quienes pagaban por ellas, naturalmente tenían la inclinación a pensar que parte de lo que pagaban por la cita iba a parar a los bolsillos del funcionario. El empresario no solamente se enriquecía con su mal obrar, sino que dañaba sin justificación la reputación del funcionario.

En otra oportunidad un cliente me pidió atender una consulta legal. Me indicaba que había cambiado al representante legal de una sociedad y que el registro mercantil se rehusaba a inscribirlo. Una inscripción normal, que generalmente toma semanas, llevaba ya meses. Había anticipado a su asesor los honorarios y gastos requeridos para el trámite. Me explicaba el cliente que su asesor le había indicado que en el registro mercantil le exigían un soborno de varios miles de quetzales para realizar la operación y de lo contrario seguirían pasando los meses sin operarla. Al revisar los documentos pude ver que era un trámite normal, no tenía complicación extraordinaria, ni se trataba de alguna empresa con problemas. Esto me generó desconfianza. Pedí al cliente solicitar a su asesor el comprobante de ingreso de la papelería al registro mercantil. Al recibirla, pude ver que los documentos no los había presentado hace meses, como quería hacer creer al cliente, sino hace tan solo un par de días. El asesor había mentido al cliente. En vez de pedir disculpas por no haber presentado los documentos a tiempo, su asesor había preferido inventarse un supuesto requerimiento de soborno. Seguramente se había gastado en otro asunto el anticipo de gastos recibido. Con esta historia se apropiaba no solamente de los honorarios, sino del supuesto soborno, empañando el nombre de una institución que nunca estuvo involucrada en ese esquema corrupto. Naturalmente en la percepción del cliente, el registro mercantil era una entidad corrupta, sin que dicha calificación haya tenido una verdadera razón.

Cuando se ocupa un cargo de responsabilidad pública, no solamente hay que preocuparse de lo que hagan las personas bajo su dirección, o de lo que se puedan inventar algunos, sino además de quienes realizan alguna actividad corrupta atribuyéndole falsamente su participación. Me parece una cobardía. No solamente porque el artificie la realiza dañando el buen nombre de quien no ha participado en ella, sino porque es prácticamente imposible defenderse de ella o prevenirla. No puede uno detener aquello que ni siquiera conoce. Bajo esta forma de actuar existen abogados que indican a sus clientes falsamente que algún funcionario les ha requerido un soborno, para luego apropiárselo. Supuestos amigos de ministros o fiscales que aseguran poder resolver un asunto favorable, juegan no solo con su propio prestigio, sino con el del tercero. El funcionario ocupado en obrar bien, ve afectado su buen nombre sin siquiera saber el motivo. No quiero decir que no existan funcionarios que efectivamente participan en esquemas corruptos, pues es claro que los hay, pero es preocupante que además hay otros a quienes falsamente se les atribuye dicha conducta por cobardes que culpan a inocentes de su mal obrar. Sufren los daños a pesar de comportarse correctamente.

Lamentablemente no son infrecuentes los casos de quienes aseguran poder lograr favores de algún funcionario asegurando su amistad. Algunos hasta comparten fotos con ellos para tratar de comprobarlo. A veces tomadas en algún evento sin que el funcionario sepa su verdadero uso. Un conocido me indicó que un abogado le ofreció resolver un tema en una fiscalía argumentando ser amigo en twitter con un fiscal, incluso le enseñó las conversaciones. Es corrupto quien busca lucrar de estas supuestas amistades, pero también es cobarde quien lo hace dañando la buena reputación de quien ni siquiera está involucrado. Al poco tiempo ese fiscal salió del Ministerio Público y mi conocido naturalmente pensó que dicha salida tenía relación con estos ofrecimientos indebidos. El fiscal en todo caso, ni era realmente amigo del abogado, ni sabía que el otro ofrecía esa supuesta amistad como carta de presentación para cobrar honorarios. Un verdadero amigo en todo caso, no va a servirse para lucrar de su cercanía con un funcionario, por el contrario, hará lo posible por protegerlo.

Tuve la oportunidad de conversar con un ex juez penal que me comentó alguna vez que un abogado le insistía en que su cliente estaba enfermo y que era indispensable que el juez lo visitara en la celda de detención con el objeto de asegurarle que pronto conocería su caso. Ante la insistencia el juez visita la celda, comprueba el estado del detenido y le informa que pronto conocerá su caso. Al resolver le otorga una medida, pero sigue el proceso. Varias semanas después la persona detenida busca al juez y le incrimina no haber desestimado el caso por completo. Para sorpresa del Juez le indica que el abogado le había solicitado varios miles de quetzales para entregar al juez y que para comprobar su amistad con el juzgador le había asegurado incluso que el mismo juez iría a visitarlo a la celda de detención.

Dentro de la lucha contra la corrupción existen muchos fenómenos, ameritan estudio y discusión, algunos como este que afectan el buen nombre de una persona y aumentan la percepción generalizada de corrupción. Algunos aprovechan esta percepción para lucrar dañando el buen nombre de otros. A veces dañan precisamente a quienes luchan a diario contra la corrupción.

 

Arbitraje con el Estado: la arbitrabilidad de contratos administrativos

A nivel mundial se han incrementado los casos de arbitraje relacionado a controversias contractuales que involucran al Estado o a una entidad o empresa estatal. Aproximadamente el 15% de los casos ante la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional incluyen a una parte estatal. Guatemala no es la excepción. Los casos a nivel nacional han aumentado drásticamente en los últimos 3 años. Esto requiere de profesionales conocedores de estos temas, tanto en la practica privada, como en las distintas unidades que asesoran al Estado. A continuación el vinculo para descargar las diapositivas de una conferencia sobre arbitraje con el Estado que impartí en CRECIG el 27 de septiembre del 2018. Eventualmente en CRECIG subirán a su página el video.

Link en el texto abajo:

Presentación de Powerpoint sobre Arbitraje con el Estado

El camino hacia adelante

Por: Alexander Aizenstatd L.

El mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala -CICIG- no es permanente. Tiene una vigencia de 2 años que debe de ser prorrogado por las partes.  La última prórroga concluye en septiembre del 2019. Si no se renueva, finaliza sus funciones.  El Presidente Jimmy Morales ha anunciado que no renovará el mandato de la Comisión y que luego de más de una década en el país, en un año debe cerrar sus operaciones.

Este anuncio ha generado diversas reacciones y seguramente profundizará la permanente crisis en que vivimos. Son pocos los caminos hacia adelante que nos permitan una salida productiva y pacífica al tema. Sobre todo, para quienes estamos cansados de la polarización y buscamos evitar ser víctimas de radicales quienes defienden ciegamente una postura o la otra.

No soy de los que creen que el Comisionado es perfecto, ni de los que critican todo lo que hace el Presidente. Tampoco soy de los que creen que el Presidente es perfecto y que todo lo que hace el Comisionado es un error. En esta época de polarización es cada vez más difícil ver los temas con objetividad. Nadie puede dudar que de no ser por el Comisionado no se habrían evidenciado muchos de los grandes casos de corrupción desde el 2015, pero ciertamente se han cometido errores en el camino. Tampoco puede negarse que muchas de las criticas dirigidas contra el Presidente y algunos integrantes de su equipo no han sido objetivas.

El problema ahora es como salir adelante. El panorama no es positivo si los defensores de cada postura buscan atrincherarse en su posición. Difícil último año de gobierno le espera al Presidente cuando algunos ven su decisión como resultado del reciente antejuicio promovido en su contra.  Cuesta arriba el trabajo del Comisionado si depende en cada oportunidad del resultado de acciones constitucionales para darle continuidad a su trabajo.

Mientras esa crisis persiste, no se enfrentarán muchos de los problemas endémicos que sufre nuestro país y algunos incluso se agravan. La pobreza, falta de oportunidades, el temor y la miseria aumentan.

El panorama no es alentador y un prolongado enfrentamiento político entre los distintos actores no ayudará a construir el país que necesitamos. Todo esto además ha puesto una enorme presión en la institución que generalmente ha sido el último árbitro de las grandes decisiones de trascendencia política, la Corte de Constitucionalidad. Una corte que se encuentra debilitada y que con este tema, que inevitablemente será objeto de acciones constitucionales, arriesga mucho. Ya sus aproximaciones en el tema lo han demostrado. El amparo que evitó la expulsión del Comisionado era procedente, pero la forma y modo en que se resolvió no puede justificarse. Presentar ahora este tema a la Corte es problemático. Tampoco parece claro que pueda un tema político de esta trascendencia resolverse definitivamente como parte de una batalla legal en términos constitucionales. Por eso propongo un camino distinto.

La Constitución en su articulo 173 establece que las decisiones políticas de especial trascendencia deberán ser sometidas a consulta popular. La palabra “deberán” en este caso permite concluir que no es optativa sino obligatoria. La continuidad de la CICIG, tras una década y en estas condiciones, es una decisión política de especial trascendencia. Si el posible sometimiento de una disputa con Belice a un tribunal internacional fue objeto de consulta recientemente, lo debería de ser también la continuidad de una Comisión contra la Impunidad en el país. Los seguidores de cada bando dicen contar con el respaldo popular, que lo demuestren.

Para el Presidente la decisión de acudir a la consulta le ofrece ventajas. Se lo ordena la Constitución y si se niega estaría prácticamente reconociendo que su decisión no cuenta con el respaldo popular. Su negativa además podría terminar en otro amparo. La consulta le ofrece una oportunidad de trasladar los costos de su decisión y acallar a quienes le critican. Son numerosos los diarios en todo el mundo que atribuyen su decisión a un esfuerzo para evitar investigaciones en su contra. Si la decisión la toman los ciudadanos y no él, eso puede cambiar. Tampoco puede ignorar que para septiembre del 2019 ya tendremos un nuevo presidente electo. Lo que en la práctica significa que su decisión podría tener corta vida. Pocos meses después, para el 14 de enero del 2020 el nuevo presidente podría traer nuevamente a la vida a la CICIG. Por último, el Presidente dejando en manos de los ciudadanos el resultado obtiene oxígeno para su gobierno y redirige los esfuerzos de quienes exigen su salida al campo electoral.

Para quienes adversan la decisión del Presidente también la consulta popular debe de ser una opción viable. La decisión no queda en manos de instituciones públicas que han perdido mucha de la confianza de los ciudadanos. Es producto del ejercicio de la democracia directa. Si la continuidad cuenta con el respaldo popular la habrán blindado de manera permanente para el futuro, sin tener que depender de las decisiones de las cortes o de los funcionarios electos en el futuro. Tendrá el respaldo del soberano.

Las elecciones generales tendrán lugar en julio del 2019. Podría incluirse en esa misma elección una papeleta adicional para que los ciudadanos expresen su opinión sobre la posible continuidad de la CICIG. El Presidente tiene el deber de someter decisiones como ésta a consulta, tiene mucho que ganar y bastante que perder si no lo hace. Además, se atiene a que en cualquier momento sea la Corte de Constitucionalidad y no él quien determine que el asunto sea sometido a consulta.

La mejor manera de salir adelante es la vía democrática. Cada parte dice que su postura cuenta con el respaldo popular. Me parece que lo mejor para todos es que lo demuestren, que el pueblo decida.

El trabajo de los otros

Por: Alexander Aizenstatd

Permitir el copy paste es también una forma de impunidad.

El plagio según la universidad de Stanford se define como “el uso, sin razonable y apropiado crédito o reconocimiento del autor o fuente, del trabajo original de otros…”.

El uso tan común del copy paste en círculos académicos y profesionales de nuestro país nos obliga a enfrentarlo seriamente. No hacerlo es cobardía y mediocridad. No puede una institución académica respetarse y a la vez tolerar el plagio. Permitirlo no solo autoriza para aprovecharse indebidamente del trabajo de otros, también disminuye el valor y esfuerzo de los que sí investigan con rigor académico. Al final, quien plagia disminuye el prestigio de toda la comunidad profesional y académica nacional. Esto reduce la posibilidad de obtener buenos empleos y especialmente becas en el extranjero para todos sus integrantes. No sólo para los que hacen copy paste.

Todos los días se plagian libros, trabajos de investigación, informes e incluso trabajos de tesis. Por lo menos cientos, sino miles de profesionales en nuestro país han obtenido sus títulos académicos por medio del plagio. Ahí están los trabajos en las bibliotecas, esperando que cualquiera lo compruebe. No es difícil, basta con ingresar algunas líneas en un buscador de internet. En una comunidad académica ligeramente más fuerte a la nuestra esos títulos ya habrían sido revocados. No hacerlo es también una forma de impunidad.

Un título académico es una certificación emitida por una universidad que acredita ante el mundo que su titular reúne ciertas competencias mínimas. Esto incluye la capacidad de realizar trabajos de investigación serios dentro de su disciplina de estudio. No es solamente un asunto moral o de negarle el crédito al autor. La investigación es indispensable para la innovación, generación de ideas y para el conocimiento y solución de problemas sociales. El plagio nos condena a no pensar.

Ya en el 2013 Harvard tuvo que reprobar a 60 alumnos que plagiaron durante un examen. En Alemania por lo menos 3 ministros han renunciado y enfrentan procesos por medio de los cuales se les retirarán sus títulos académicos por plagio. Todo a pesar que la investigación fue publicada hace más de 25 años. La diferencia está en que afuera quien plagia tiene consecuencias y acá hasta los casos más obvios permanecen en la impunidad. Se divide el costo reputacional entre todos, con tal de no afectar los intereses del que plagia.

Como profesor he escuchado todas las excusas, pero quien plagia no aprueba el curso. Para mí es más difícil revisar cada trabajo por plagio. Pero no hacerlo sería rendirme y aceptar que los futuros profesionales no tienen voz. Negarles la posibilidad de que descubran que son importantes y tienen la oportunidad, sino la obligación de contribuir dentro de su disciplina de estudio. Es momento de tomarnos el plagio en serio y darle consecuencias. Todos los años por lo menos un estudiante pierde mi curso por plagiar el trabajo de investigación, espero que este año sea diferente.