El camino hacia adelante

Por: Alexander Aizenstatd L.

El mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala -CICIG- no es permanente. Tiene una vigencia de 2 años que debe de ser prorrogado por las partes.  La última prórroga concluye en septiembre del 2019. Si no se renueva, finaliza sus funciones.  El Presidente Jimmy Morales ha anunciado que no renovará el mandato de la Comisión y que luego de más de una década en el país, en un año debe cerrar sus operaciones.

Este anuncio ha generado diversas reacciones y seguramente profundizará la permanente crisis en que vivimos. Son pocos los caminos hacia adelante que nos permitan una salida productiva y pacífica al tema. Sobre todo, para quienes estamos cansados de la polarización y buscamos evitar ser víctimas de radicales quienes defienden ciegamente una postura o la otra.

No soy de los que creen que el Comisionado es perfecto, ni de los que critican todo lo que hace el Presidente. Tampoco soy de los que creen que el Presidente es perfecto y que todo lo que hace el Comisionado es un error. En esta época de polarización es cada vez más difícil ver los temas con objetividad. Nadie puede dudar que de no ser por el Comisionado no se habrían evidenciado muchos de los grandes casos de corrupción desde el 2015, pero ciertamente se han cometido errores en el camino. Tampoco puede negarse que muchas de las criticas dirigidas contra el Presidente y algunos integrantes de su equipo no han sido objetivas.

El problema ahora es como salir adelante. El panorama no es positivo si los defensores de cada postura buscan atrincherarse en su posición. Difícil último año de gobierno le espera al Presidente cuando algunos ven su decisión como resultado del reciente antejuicio promovido en su contra.  Cuesta arriba el trabajo del Comisionado si depende en cada oportunidad del resultado de acciones constitucionales para darle continuidad a su trabajo.

Mientras esa crisis persiste, no se enfrentarán muchos de los problemas endémicos que sufre nuestro país y algunos incluso se agravan. La pobreza, falta de oportunidades, el temor y la miseria aumentan.

El panorama no es alentador y un prolongado enfrentamiento político entre los distintos actores no ayudará a construir el país que necesitamos. Todo esto además ha puesto una enorme presión en la institución que generalmente ha sido el último árbitro de las grandes decisiones de trascendencia política, la Corte de Constitucionalidad. Una corte que se encuentra debilitada y que con este tema, que inevitablemente será objeto de acciones constitucionales, arriesga mucho. Ya sus aproximaciones en el tema lo han demostrado. El amparo que evitó la expulsión del Comisionado era procedente, pero la forma y modo en que se resolvió no puede justificarse. Presentar ahora este tema a la Corte es problemático. Tampoco parece claro que pueda un tema político de esta trascendencia resolverse definitivamente como parte de una batalla legal en términos constitucionales. Por eso propongo un camino distinto.

La Constitución en su articulo 173 establece que las decisiones políticas de especial trascendencia deberán ser sometidas a consulta popular. La palabra “deberán” en este caso permite concluir que no es optativa sino obligatoria. La continuidad de la CICIG, tras una década y en estas condiciones, es una decisión política de especial trascendencia. Si el posible sometimiento de una disputa con Belice a un tribunal internacional fue objeto de consulta recientemente, lo debería de ser también la continuidad de una Comisión contra la Impunidad en el país. Los seguidores de cada bando dicen contar con el respaldo popular, que lo demuestren.

Para el Presidente la decisión de acudir a la consulta le ofrece ventajas. Se lo ordena la Constitución y si se niega estaría prácticamente reconociendo que su decisión no cuenta con el respaldo popular. Su negativa además podría terminar en otro amparo. La consulta le ofrece una oportunidad de trasladar los costos de su decisión y acallar a quienes le critican. Son numerosos los diarios en todo el mundo que atribuyen su decisión a un esfuerzo para evitar investigaciones en su contra. Si la decisión la toman los ciudadanos y no él, eso puede cambiar. Tampoco puede ignorar que para septiembre del 2019 ya tendremos un nuevo presidente electo. Lo que en la práctica significa que su decisión podría tener corta vida. Pocos meses después, para el 14 de enero del 2020 el nuevo presidente podría traer nuevamente a la vida a la CICIG. Por último, el Presidente dejando en manos de los ciudadanos el resultado obtiene oxígeno para su gobierno y redirige los esfuerzos de quienes exigen su salida al campo electoral.

Para quienes adversan la decisión del Presidente también la consulta popular debe de ser una opción viable. La decisión no queda en manos de instituciones públicas que han perdido mucha de la confianza de los ciudadanos. Es producto del ejercicio de la democracia directa. Si la continuidad cuenta con el respaldo popular la habrán blindado de manera permanente para el futuro, sin tener que depender de las decisiones de las cortes o de los funcionarios electos en el futuro. Tendrá el respaldo del soberano.

Las elecciones generales tendrán lugar en julio del 2019. Podría incluirse en esa misma elección una papeleta adicional para que los ciudadanos expresen su opinión sobre la posible continuidad de la CICIG. El Presidente tiene el deber de someter decisiones como ésta a consulta, tiene mucho que ganar y bastante que perder si no lo hace. Además, se atiene a que en cualquier momento sea la Corte de Constitucionalidad y no él quien determine que el asunto sea sometido a consulta.

La mejor manera de salir adelante es la vía democrática. Cada parte dice que su postura cuenta con el respaldo popular. Me parece que lo mejor para todos es que lo demuestren, que el pueblo decida.

El otro lado de la Reforma Judicial

Por: Alexander Aizenstatd

El Organismo Judicial se encuentra en una profunda crisis de credibilidad. Los motivos sobran. Salvo distinguidas excepciones, todo apunta a un sistema cooptado por intereses y donde el criterio más importante para el ingreso, permanencia y ascenso no es el mérito. Urge una reforma y para ello es indispensable crear una autentica carrera judicial. Las diferentes propuestas de reforma constitucional apuntan a esto. Se aumentan los plazos de nombramientos judiciales. Se aleja a la política de los nombramientos. Se otorga a quienes integran el organismo judicial la exclusividad para ocupar distintos cargos judiciales y para ascender, incluso hasta la misma Corte Suprema de Justicia. Se aprecia un consenso generalizado sobre la necesidad de fortalecer a los jueces, aunque existan distintas opiniones sobre la forma más adecuada de lograrlo. Se discute mucho ahora sobre las prerrogativas que deben asegurarse a la función judicial, pero poco sobre la otra cara de la reforma judicial, lo que debemos de exigirles a los jueces.

A quien mucho se da, también mucho se debe demandar. Si la reforma del sistema de justicia otorga todas estas ventajas a los jueces, es necesario que también les exija. A quien se ha confiado la responsabilidad de juzgar, se debe calificar bajo un parámetro más estricto. Pero hoy tenemos un sistema disciplinario que no ha servido para depurar y que difícilmente sanciona a los jueces. El régimen de sanciones del Colegio de Abogados no es más eficiente. ¿Conoce usted el caso de algún abogado que haya sido inhabilitado de forma permanente? Los motivos sobran pero los casos no existen. Si las reformas se fundamentan en que al sistema se han colado jueces malos, entonces nos ponemos la soga al cuello si solamente les concedemos beneficios que incluyen la inamovilidad. No hay un balance adecuado si no se implementan al mismo tiempo los mecanismos de control que nos permitan depurar a los malos elementos.

Bajo el sistema actual, si un juez coacciona sexualmente a quien acuda a su juzgado podría ser sancionado con una suspensión de tan solo 45 días. Si se presenta a trabajar bajo efectos de estupefacientes la pena máxima es de 20 días. Esto siempre y cuando la denuncia se haya puesto dentro de los 3 meses siguientes. De lo contrario no se le podrá sancionar nunca. Difícilmente será condenado pues la junta de disciplina está integrada por sus mismos colegas. Pero aún en aquellos casos en que se haya impuesto la sanción, esta solamente permanecerá en la ficha del juez durante un año. Después de un año las sanciones disciplinarias ya no formarán parte de sus antecedentes. Esto lo establece el mismo pacto colectivo del Organismo Judicial. Resulta que cuando un juez presenta una constancia de carencia de sanciones, esta lo es solamente del último año y no más. De ahí que cuando presenta una candidatura a un puesto con un expediente limpio, no siempre es un fiel reflejo de la realidad. Acá, un instrumento de negociación de condiciones colectivas de trabajo ha sido utilizado para ocultarnos la información más relevante en la elección de jueces y magistrados.

Hasta ahora parece que el proceso disciplinario es más débil con quienes debería de ser más estricto. Un juez que solicite un soborno podría recibir una suspensión de tan solo 45 días, cuando debería de ser removido para siempre. Debe necesariamente reformarse la carrera judicial para otorgar a los jueces las prerrogativas que les permitan ejercer su cargo adecuadamente, pero también se les debe de exigir más. Veo un debate hasta ahora enfocado principalmente en las prerrogativas y poco en las obligaciones y menos en las formas de exigirlas. Para realmente mejorar el sistema de justicia debemos de ver los dos lados de esta reforma al mismo tiempo.

No hay Rolex gratis

Por: Alexander Aizenstatd

Cuando el empresario salió de la reunión con el Presidente, los dos millones de dólares en su maletín, habían sido sustituidos por granos de maíz, todo había salido de acuerdo al plan. En el caso World Duty Free contra Kenia, un tribunal de arbitraje conoció una controversia relacionada con la obtención de contratos para operar las tiendas libres de impuestos en el aeropuerto. Para obtener el contrato al inversionista se le requirió una “donación personal” de dos millones de dólares para el Presidente en un maletín. Este caso ocurrió a miles de kilómetros de Guatemala, pero las revelaciones de los últimos años nos permiten inferir que las cosas no han sido tan distintas acá.

El número y magnitud de los casos recientemente revelados nos ha impedido tomar el tiempo para reflexionar sobre casos como estos y desarrollar una explicación académica sobre el soborno y para clasificarlo. Ya en 1979 el Profesor Michael Reisman en su obra “Cohechos, cruzadas y reformas” nos ofrece varias explicaciones sobre el soborno. La condición esencial para el soborno explica es un grado de control por un actor estatal sobre una transacción que sea considerada valiosa por parte de un tercero, quien libremente o bajo presión, esta dispuesto a pagar por ella.

Según el profesor existen tres formas de sobornos, en orden de gravedad:

  • El soborno de transacción, es el pago a un funcionario para que realice un acto que tenía la obligación de hacer. En ocasiones es exigida por el funcionario como una especie de extorsión. Por ejemplo, un Ministro exige una comisión para que el Estado page una deuda a un contratista. La deuda existe, el funcionario cobra por cumplir con su obligación.
  • El soborno de variación, es el pago a un funcionario para que realice un acto que viola la ley o bien que deje de cumplir con sus obligaciones. Por ejemplo, cuando se paga a un policía para que no arreste a quien ha cometido un delito. Este tipo de soborno tiene una incidencia mayor en el sistema de justicia.
  • La tercera y más grave forma de soborno es la compra directa del funcionario, que yo llamaré soborno de adquisición (o de cooptación). En este caso no se paga al funcionario para que realice un acto concreto sino para asegurarse su lealtad en el futuro. Se le compra y no se le pide nada a cambio, por ahora. Tiene incidencia catastrófica en el sistema de derecho. Por ejemplo, donarle un apartamento a un juez, sin exigir una acción a cambio. El funcionario reemplaza los intereses de los ciudadanos por los de su nuevo dueño. Este tipo de soborno derrumba los cimientos del estado de derecho.

No puede justificarse diciendo que no es soborno pues no ha tenido que dar algo a cambio, lo que ha dado es su lealtad. Si un funcionario ha recibido un “obsequio” valioso y no podemos determinar a cambio de que, es cuando más debe de preocuparnos. Pues ha sido comprado.

Al inicio de la obra el Padrino, Don Corleone le dice a Amerigo Bonasera luego de acceder a hacerle un favor, que no quiere dinero a cambio, pero algún día lo llamará, y ese día puede nunca llegar, para pedirle un favor de vuelta. Al igual que un funcionario que ha recibido un objeto de valor, se ha asegurado su lealtad. Lo ha comprado. Por eso no hay Rolex gratis.