La condena millonaria

Blog - La letra pequeña

Garantizar la protección de los derechos humanos tiene un costo.

Por: Alexander Aizenstatd L.

Me parece sano que se analicen y critiquen las sentencias de tribunales internacionales. Mi curso de derecho internacional consiste principalmente en eso. Pero debe de hacerse de forma analítica y rigurosa. Sobre el caso del Diario Militar (Gudiel Álvarez y otros) en contra de Guatemala, que data ya de hace unos 7 años pero que recientemente se ha vuelto a comentar, es importante tener en cuenta:

  • Las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos son públicas y disponibles para todos en www.corteidh.or.cr.  El texto de esa sentencia ha estado disponible desde finales del año 2012. Fue objeto además de un comunicado de prensa de la Corte desde el 2012 y de numerosas notas de prensa y artículos académicos. Una alumna incluso escribió su trabajo de clase sobre el mismo. Además el Estado debió de publicar la sentencia desde el 2013 (y presumo que así lo hizo): 1) en el Diario de Centroamérica; 2) en un diario de mayor circulación; y 3) en una página web oficial del Estado.
  • El Estado no es quien debe decidir si cumple o no una sentencia. Imaginemos que depende del condenado en un juicio decidir si cumple. Son sentencias no sugerencias.
  • Las sentencias de la Corte no contravienen la Constitución. La Convención Americana de Derechos Humanos tiene el mismo nivel de la Constitución como parte del bloque de constitucionalidad según ha señalado la misma Corte de Constitucionalidad en numerosas sentencias desde por lo menos el 2012.
  • A la defensa del Estado de Guatemala en casos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos se le ha criticado por desconocer “principios básicos de derechos internacional”. Por ejemplo, se presenta a la fase de ejecución para cuestionar la competencia. En todo caso la función del Estado debe enfocarse en garantizar los derechos humanos y que no se repitan las violaciones, no en evitar asumir las consecuencias de sus actos.
  • La Corte no conoce de casos de Guatemala anteriores a marzo de 1987. Conoce eventualmente sobre hechos que hayan iniciado antes de 1987 pero solamente si sus efectos continúan en el tiempo. Un secuestro no solo se comete mientras se sustrae a la persona sino que también mientras permanece en cautiverio. Lo mismo sucede con la desaparición forzada. Permanece hasta que aparezca el desaparecido o sus restos mortales. Para evitar ser demandado por estos casos bastaba indicarlo en la reserva al momento de aceptar la competencia de la Corte. El Salvador, Chile, Nicaragua y otros así lo hicieron, nosotros no. La Corte no tiene la culpa de esto.
  • La condena en costas por asesoría legal a favor de la fundación que llevó el caso fue por US$70,000.00. Pidió más pero no le fue otorgado. Ese monto refleja trabajo por 7 años que duró el proceso, incluyendo gastos. Cada quien podrá decidir si es un monto extraordinario.
  • Las reparaciones principales en ese caso van desde los US$2,000.00 hasta los US$400,000.00 para los familiares por cada una de las 26 víctimas. La mayoría son por aproximadamente US$100,000. Aparte hay otros montos menores por daños psicológicos ¿Es un monto extraordinario por la vida de un familiar?

No he asesorado a las partes en este caso ni al Estado. Solo creo que si nos vamos a tomar en serio nuestras obligaciones internacionales debemos de tener un debate riguroso. Hay importantes críticas que pueden hacerse al sistema interamericano de derechos humanos, a la defensa del Estado y a las sentencias. Sería bueno generar un debate serio sobre el tema. Yo tengo varias críticas. Pero estas deben de estar sustentadas. De otra forma vamos a seguir igual siempre.

El desayuno del Juez

Blog - La letra pequeña

Por: Alexander Aizenstatd

Se atribuye al profesor Jerome Frank la noción de que la justicia depende de lo que el juez haya desayunado. Si el juez desayunó poco, a medio día tendrá hambre y quizás resuelva con menos cuidado y mayor prontitud con tal de ir a almorzar. Tomando este ejemplo podemos decir que en Guatemala el concepto del desayuno del juez, más que a la alimentación, responde a muchos otros factores, incluyendo a veces lamentablemente al clientelismo o como se ha demostrado en un caso reciente, a la corrupción. La jurisprudencia en una sociedad verdaderamente libre debe responder a principios generales aplicables a todos los casos similares y no a lo que haya desayunado el juez.

Una forma de prevenir esto es tratar a todos por igual. Para el pleno desarrollo de un Estado de Derecho, cuando se resuelve un asunto concreto, deben de establecerse las reglas generales sobre las cuales se resolverán todos los casos similares en el futuro. Cuando los jueces resuelven la controversia sin poder anticipar a quienes se les pueda aplicar el mismo criterio en el futuro, se crea un control importante contra la arbitrariedad.  Esa regla previamente establecida, cuando las partes eran otras, no debería de poder variar arbitrariamente en un futuro cuando alguna de las partes tenga influencia o poder.

En el fondo, medir a todos con la misma vara es parte esencial del derecho a la igualdad. Este derecho no se limita a la igualdad ante la ley sino también debe abarcar la igualdad en la resolución de controversias bajo la ley. Debe ser un principio orientador de toda la actividad del poder público y de la nueva Guatemala que queremos construir y para esto se requieren parámetros iguales que exijan justificaciones razonables cuando los jueces se aparten de sus criterios previamente asentados.

Con sorpresa vemos a veces criterios contradictorios en casos similares por el mismo tribunal. Tuve esa experiencia con una magistrada en donde dos casos iguales, sin explicación, los resolvió de forma opuesta. Acudir a la justicia en esas circunstancias resulta más una cuestión del azar que de parámetros claros y predecibles. Esto nos debe de importar a todos.  No puede prosperar una sociedad si no cuenta con tribunales confiables que emitan resoluciones imparciales, apolíticas y predecibles. Esos lineamientos no pueden variar atendiendo a quienes sean las partes en cada caso.

Existen por supuesto, muy distinguidos jueces en nuestro país que hacen esfuerzos heroicos para hacer de la igualdad el principio orientador de sus resoluciones. Por eso la clave de nuestro desarrollo está en fortalecer a los jueces, que incluye formar, proteger y ascender a los buenos, al mismo tiempo que se depura a los malos. Mientras los pronunciamientos judiciales puedan basarse en el desayuno del juez, no seremos una sociedad verdaderamente libre.