La condena millonaria

Garantizar la protección de los derechos humanos tiene un costo.

Por: Alexander Aizenstatd L.

Me parece sano que se analicen y critiquen las sentencias de tribunales internacionales. Mi curso de derecho internacional consiste principalmente en eso. Pero debe de hacerse de forma analítica y rigurosa. Sobre el caso del Diario Militar (Gudiel Álvarez y otros) en contra de Guatemala, que data ya de hace unos 7 años pero que recientemente se ha vuelto a comentar, es importante tener en cuenta:

  • Las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos son públicas y disponibles para todos en www.corteidh.or.cr.  El texto de esa sentencia ha estado disponible desde finales del año 2012. Fue objeto además de un comunicado de prensa de la Corte desde el 2012 y de numerosas notas de prensa y artículos académicos. Una alumna incluso escribió su trabajo de clase sobre el mismo. Además el Estado debió de publicar la sentencia desde el 2013 (y presumo que así lo hizo): 1) en el Diario de Centroamérica; 2) en un diario de mayor circulación; y 3) en una página web oficial del Estado.
  • El Estado no es quien debe decidir si cumple o no una sentencia. Imaginemos que depende del condenado en un juicio decidir si cumple. Son sentencias no sugerencias.
  • Las sentencias de la Corte no contravienen la Constitución. La Convención Americana de Derechos Humanos tiene el mismo nivel de la Constitución como parte del bloque de constitucionalidad según ha señalado la misma Corte de Constitucionalidad en numerosas sentencias desde por lo menos el 2012.
  • A la defensa del Estado de Guatemala en casos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos se le ha criticado por desconocer “principios básicos de derechos internacional”. Por ejemplo, se presenta a la fase de ejecución para cuestionar la competencia. En todo caso la función del Estado debe enfocarse en garantizar los derechos humanos y que no se repitan las violaciones, no en evitar asumir las consecuencias de sus actos.
  • La Corte no conoce de casos de Guatemala anteriores a marzo de 1987. Conoce eventualmente sobre hechos que hayan iniciado antes de 1987 pero solamente si sus efectos continúan en el tiempo. Un secuestro no solo se comete mientras se sustrae a la persona sino que también mientras permanece en cautiverio. Lo mismo sucede con la desaparición forzada. Permanece hasta que aparezca el desaparecido o sus restos mortales. Para evitar ser demandado por estos casos bastaba indicarlo en la reserva al momento de aceptar la competencia de la Corte. El Salvador, Chile, Nicaragua y otros así lo hicieron, nosotros no. La Corte no tiene la culpa de esto.
  • La condena en costas por asesoría legal a favor de la fundación que llevó el caso fue por US$70,000.00. Pidió más pero no le fue otorgado. Ese monto refleja trabajo por 7 años que duró el proceso, incluyendo gastos. Cada quien podrá decidir si es un monto extraordinario.
  • Las reparaciones principales en ese caso van desde los US$2,000.00 hasta los US$400,000.00 para los familiares por cada una de las 26 víctimas. La mayoría son por aproximadamente US$100,000. Aparte hay otros montos menores por daños psicológicos ¿Es un monto extraordinario por la vida de un familiar?

No he asesorado a las partes en este caso ni al Estado. Solo creo que si nos vamos a tomar en serio nuestras obligaciones internacionales debemos de tener un debate riguroso. Hay importantes críticas que pueden hacerse al sistema interamericano de derechos humanos, a la defensa del Estado y a las sentencias. Sería bueno generar un debate serio sobre el tema. Yo tengo varias críticas. Pero estas deben de estar sustentadas. De otra forma vamos a seguir igual siempre.

La corrupción más cobarde

Por: Alexander Aizenstatd L.

Además de corrupto, es cobarde quien atribuye a otro su mal obrar.

 

Toda corrupción es mala, pero es además cobarde, quien la realiza dañando el buen nombre de un inocente que no participa de ella.

Hace algún tiempo conocí a un importante funcionario internacional quien me indicó que para el buen desempeño de sus actividades debía reunirse con personas de distintas esferas, para estar enterado de la realidad nacional. Entre estas personas, con cierta periodicidad se reunía con un empresario influyente que conocía bien el país y contaba entre sus amistades a personas de distintos campos. De tiempo en tiempo este empresario le recomendaba al funcionario reunirse con distintas personas para estar mejor enterado de algún tema concreto. Con frecuencia el funcionario aceptaba la recomendación y su asistente llamaba para organizar la reunión. Algún tiempo después el funcionario se enteró que el empresario cobraba a los terceros por estas recomendaciones, asegurando no solamente poder conseguir las citas, sino que sería el mismo funcionario quien llamaría para hacerla. Debido a la influencia del funcionario y la dificultad de obtener una reunión con él, esas citas eran cotizadas. El funcionario no estaba enterado que el empresario vendía esas citas, y quienes pagaban por ellas, naturalmente tenían la inclinación a pensar que parte de lo que pagaban por la cita iba a parar a los bolsillos del funcionario. El empresario no solamente se enriquecía con su mal obrar, sino que dañaba sin justificación la reputación del funcionario.

En otra oportunidad un cliente me pidió atender una consulta legal. Me indicaba que había cambiado al representante legal de una sociedad y que el registro mercantil se rehusaba a inscribirlo. Una inscripción normal, que generalmente toma semanas, llevaba ya meses. Había anticipado a su asesor los honorarios y gastos requeridos para el trámite. Me explicaba el cliente que su asesor le había indicado que en el registro mercantil le exigían un soborno de varios miles de quetzales para realizar la operación y de lo contrario seguirían pasando los meses sin operarla. Al revisar los documentos pude ver que era un trámite normal, no tenía complicación extraordinaria, ni se trataba de alguna empresa con problemas. Esto me generó desconfianza. Pedí al cliente solicitar a su asesor el comprobante de ingreso de la papelería al registro mercantil. Al recibirla, pude ver que los documentos no los había presentado hace meses, como quería hacer creer al cliente, sino hace tan solo un par de días. El asesor había mentido al cliente. En vez de pedir disculpas por no haber presentado los documentos a tiempo, su asesor había preferido inventarse un supuesto requerimiento de soborno. Seguramente se había gastado en otro asunto el anticipo de gastos recibido. Con esta historia se apropiaba no solamente de los honorarios, sino del supuesto soborno, empañando el nombre de una institución que nunca estuvo involucrada en ese esquema corrupto. Naturalmente en la percepción del cliente, el registro mercantil era una entidad corrupta, sin que dicha calificación haya tenido una verdadera razón.

Cuando se ocupa un cargo de responsabilidad pública, no solamente hay que preocuparse de lo que hagan las personas bajo su dirección, o de lo que se puedan inventar algunos, sino además de quienes realizan alguna actividad corrupta atribuyéndole falsamente su participación. Me parece una cobardía. No solamente porque el artificie la realiza dañando el buen nombre de quien no ha participado en ella, sino porque es prácticamente imposible defenderse de ella o prevenirla. No puede uno detener aquello que ni siquiera conoce. Bajo esta forma de actuar existen abogados que indican a sus clientes falsamente que algún funcionario les ha requerido un soborno, para luego apropiárselo. Supuestos amigos de ministros o fiscales que aseguran poder resolver un asunto favorable, juegan no solo con su propio prestigio, sino con el del tercero. El funcionario ocupado en obrar bien, ve afectado su buen nombre sin siquiera saber el motivo. No quiero decir que no existan funcionarios que efectivamente participan en esquemas corruptos, pues es claro que los hay, pero es preocupante que además hay otros a quienes falsamente se les atribuye dicha conducta por cobardes que culpan a inocentes de su mal obrar. Sufren los daños a pesar de comportarse correctamente.

Lamentablemente no son infrecuentes los casos de quienes aseguran poder lograr favores de algún funcionario asegurando su amistad. Algunos hasta comparten fotos con ellos para tratar de comprobarlo. A veces tomadas en algún evento sin que el funcionario sepa su verdadero uso. Un conocido me indicó que un abogado le ofreció resolver un tema en una fiscalía argumentando ser amigo en twitter con un fiscal, incluso le enseñó las conversaciones. Es corrupto quien busca lucrar de estas supuestas amistades, pero también es cobarde quien lo hace dañando la buena reputación de quien ni siquiera está involucrado. Al poco tiempo ese fiscal salió del Ministerio Público y mi conocido naturalmente pensó que dicha salida tenía relación con estos ofrecimientos indebidos. El fiscal en todo caso, ni era realmente amigo del abogado, ni sabía que el otro ofrecía esa supuesta amistad como carta de presentación para cobrar honorarios. Un verdadero amigo en todo caso, no va a servirse para lucrar de su cercanía con un funcionario, por el contrario, hará lo posible por protegerlo.

Tuve la oportunidad de conversar con un ex juez penal que me comentó alguna vez que un abogado le insistía en que su cliente estaba enfermo y que era indispensable que el juez lo visitara en la celda de detención con el objeto de asegurarle que pronto conocería su caso. Ante la insistencia el juez visita la celda, comprueba el estado del detenido y le informa que pronto conocerá su caso. Al resolver le otorga una medida, pero sigue el proceso. Varias semanas después la persona detenida busca al juez y le incrimina no haber desestimado el caso por completo. Para sorpresa del Juez le indica que el abogado le había solicitado varios miles de quetzales para entregar al juez y que para comprobar su amistad con el juzgador le había asegurado incluso que el mismo juez iría a visitarlo a la celda de detención.

Dentro de la lucha contra la corrupción existen muchos fenómenos, ameritan estudio y discusión, algunos como este que afectan el buen nombre de una persona y aumentan la percepción generalizada de corrupción. Algunos aprovechan esta percepción para lucrar dañando el buen nombre de otros. A veces dañan precisamente a quienes luchan a diario contra la corrupción.

 

Arbitraje con el Estado: la arbitrabilidad de contratos administrativos

A nivel mundial se han incrementado los casos de arbitraje relacionado a controversias contractuales que involucran al Estado o a una entidad o empresa estatal. Aproximadamente el 15% de los casos ante la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional incluyen a una parte estatal. Guatemala no es la excepción. Los casos a nivel nacional han aumentado drásticamente en los últimos 3 años. Esto requiere de profesionales conocedores de estos temas, tanto en la practica privada, como en las distintas unidades que asesoran al Estado. A continuación el vinculo para descargar las diapositivas de una conferencia sobre arbitraje con el Estado que impartí en CRECIG el 27 de septiembre del 2018. Eventualmente en CRECIG subirán a su página el video.

Link en el texto abajo:

Presentación de Powerpoint sobre Arbitraje con el Estado

El camino hacia adelante

Por: Alexander Aizenstatd L.

El mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala -CICIG- no es permanente. Tiene una vigencia de 2 años que debe de ser prorrogado por las partes.  La última prórroga concluye en septiembre del 2019. Si no se renueva, finaliza sus funciones.  El Presidente Jimmy Morales ha anunciado que no renovará el mandato de la Comisión y que luego de más de una década en el país, en un año debe cerrar sus operaciones.

Este anuncio ha generado diversas reacciones y seguramente profundizará la permanente crisis en que vivimos. Son pocos los caminos hacia adelante que nos permitan una salida productiva y pacífica al tema. Sobre todo, para quienes estamos cansados de la polarización y buscamos evitar ser víctimas de radicales quienes defienden ciegamente una postura o la otra.

No soy de los que creen que el Comisionado es perfecto, ni de los que critican todo lo que hace el Presidente. Tampoco soy de los que creen que el Presidente es perfecto y que todo lo que hace el Comisionado es un error. En esta época de polarización es cada vez más difícil ver los temas con objetividad. Nadie puede dudar que de no ser por el Comisionado no se habrían evidenciado muchos de los grandes casos de corrupción desde el 2015, pero ciertamente se han cometido errores en el camino. Tampoco puede negarse que muchas de las criticas dirigidas contra el Presidente y algunos integrantes de su equipo no han sido objetivas.

El problema ahora es como salir adelante. El panorama no es positivo si los defensores de cada postura buscan atrincherarse en su posición. Difícil último año de gobierno le espera al Presidente cuando algunos ven su decisión como resultado del reciente antejuicio promovido en su contra.  Cuesta arriba el trabajo del Comisionado si depende en cada oportunidad del resultado de acciones constitucionales para darle continuidad a su trabajo.

Mientras esa crisis persiste, no se enfrentarán muchos de los problemas endémicos que sufre nuestro país y algunos incluso se agravan. La pobreza, falta de oportunidades, el temor y la miseria aumentan.

El panorama no es alentador y un prolongado enfrentamiento político entre los distintos actores no ayudará a construir el país que necesitamos. Todo esto además ha puesto una enorme presión en la institución que generalmente ha sido el último árbitro de las grandes decisiones de trascendencia política, la Corte de Constitucionalidad. Una corte que se encuentra debilitada y que con este tema, que inevitablemente será objeto de acciones constitucionales, arriesga mucho. Ya sus aproximaciones en el tema lo han demostrado. El amparo que evitó la expulsión del Comisionado era procedente, pero la forma y modo en que se resolvió no puede justificarse. Presentar ahora este tema a la Corte es problemático. Tampoco parece claro que pueda un tema político de esta trascendencia resolverse definitivamente como parte de una batalla legal en términos constitucionales. Por eso propongo un camino distinto.

La Constitución en su articulo 173 establece que las decisiones políticas de especial trascendencia deberán ser sometidas a consulta popular. La palabra “deberán” en este caso permite concluir que no es optativa sino obligatoria. La continuidad de la CICIG, tras una década y en estas condiciones, es una decisión política de especial trascendencia. Si el posible sometimiento de una disputa con Belice a un tribunal internacional fue objeto de consulta recientemente, lo debería de ser también la continuidad de una Comisión contra la Impunidad en el país. Los seguidores de cada bando dicen contar con el respaldo popular, que lo demuestren.

Para el Presidente la decisión de acudir a la consulta le ofrece ventajas. Se lo ordena la Constitución y si se niega estaría prácticamente reconociendo que su decisión no cuenta con el respaldo popular. Su negativa además podría terminar en otro amparo. La consulta le ofrece una oportunidad de trasladar los costos de su decisión y acallar a quienes le critican. Son numerosos los diarios en todo el mundo que atribuyen su decisión a un esfuerzo para evitar investigaciones en su contra. Si la decisión la toman los ciudadanos y no él, eso puede cambiar. Tampoco puede ignorar que para septiembre del 2019 ya tendremos un nuevo presidente electo. Lo que en la práctica significa que su decisión podría tener corta vida. Pocos meses después, para el 14 de enero del 2020 el nuevo presidente podría traer nuevamente a la vida a la CICIG. Por último, el Presidente dejando en manos de los ciudadanos el resultado obtiene oxígeno para su gobierno y redirige los esfuerzos de quienes exigen su salida al campo electoral.

Para quienes adversan la decisión del Presidente también la consulta popular debe de ser una opción viable. La decisión no queda en manos de instituciones públicas que han perdido mucha de la confianza de los ciudadanos. Es producto del ejercicio de la democracia directa. Si la continuidad cuenta con el respaldo popular la habrán blindado de manera permanente para el futuro, sin tener que depender de las decisiones de las cortes o de los funcionarios electos en el futuro. Tendrá el respaldo del soberano.

Las elecciones generales tendrán lugar en julio del 2019. Podría incluirse en esa misma elección una papeleta adicional para que los ciudadanos expresen su opinión sobre la posible continuidad de la CICIG. El Presidente tiene el deber de someter decisiones como ésta a consulta, tiene mucho que ganar y bastante que perder si no lo hace. Además, se atiene a que en cualquier momento sea la Corte de Constitucionalidad y no él quien determine que el asunto sea sometido a consulta.

La mejor manera de salir adelante es la vía democrática. Cada parte dice que su postura cuenta con el respaldo popular. Me parece que lo mejor para todos es que lo demuestren, que el pueblo decida.

El trabajo de los otros

Por: Alexander Aizenstatd

Permitir el copy paste es también una forma de impunidad.

El plagio según la universidad de Stanford se define como “el uso, sin razonable y apropiado crédito o reconocimiento del autor o fuente, del trabajo original de otros…”.

El uso tan común del copy paste en círculos académicos y profesionales de nuestro país nos obliga a enfrentarlo seriamente. No hacerlo es cobardía y mediocridad. No puede una institución académica respetarse y a la vez tolerar el plagio. Permitirlo no solo autoriza para aprovecharse indebidamente del trabajo de otros, también disminuye el valor y esfuerzo de los que sí investigan con rigor académico. Al final, quien plagia disminuye el prestigio de toda la comunidad profesional y académica nacional. Esto reduce la posibilidad de obtener buenos empleos y especialmente becas en el extranjero para todos sus integrantes. No sólo para los que hacen copy paste.

Todos los días se plagian libros, trabajos de investigación, informes e incluso trabajos de tesis. Por lo menos cientos, sino miles de profesionales en nuestro país han obtenido sus títulos académicos por medio del plagio. Ahí están los trabajos en las bibliotecas, esperando que cualquiera lo compruebe. No es difícil, basta con ingresar algunas líneas en un buscador de internet. En una comunidad académica ligeramente más fuerte a la nuestra esos títulos ya habrían sido revocados. No hacerlo es también una forma de impunidad.

Un título académico es una certificación emitida por una universidad que acredita ante el mundo que su titular reúne ciertas competencias mínimas. Esto incluye la capacidad de realizar trabajos de investigación serios dentro de su disciplina de estudio. No es solamente un asunto moral o de negarle el crédito al autor. La investigación es indispensable para la innovación, generación de ideas y para el conocimiento y solución de problemas sociales. El plagio nos condena a no pensar.

Ya en el 2013 Harvard tuvo que reprobar a 60 alumnos que plagiaron durante un examen. En Alemania por lo menos 3 ministros han renunciado y enfrentan procesos por medio de los cuales se les retirarán sus títulos académicos por plagio. Todo a pesar que la investigación fue publicada hace más de 25 años. La diferencia está en que afuera quien plagia tiene consecuencias y acá hasta los casos más obvios permanecen en la impunidad. Se divide el costo reputacional entre todos, con tal de no afectar los intereses del que plagia.

Como profesor he escuchado todas las excusas, pero quien plagia no aprueba el curso. Para mí es más difícil revisar cada trabajo por plagio. Pero no hacerlo sería rendirme y aceptar que los futuros profesionales no tienen voz. Negarles la posibilidad de que descubran que son importantes y tienen la oportunidad, sino la obligación de contribuir dentro de su disciplina de estudio. Es momento de tomarnos el plagio en serio y darle consecuencias. Todos los años por lo menos un estudiante pierde mi curso por plagiar el trabajo de investigación, espero que este año sea diferente.

 

El desayuno del Juez

Por: Alexander Aizenstatd

Se atribuye al profesor Jerome Frank la noción de que la justicia depende de lo que el juez haya desayunado. Si el juez desayunó poco, a medio día tendrá hambre y quizás resuelva con menos cuidado y mayor prontitud con tal de ir a almorzar. Tomando este ejemplo podemos decir que en Guatemala el concepto del desayuno del juez, más que a la alimentación, responde a muchos otros factores, incluyendo a veces lamentablemente al clientelismo o como se ha demostrado en un caso reciente, a la corrupción. La jurisprudencia en una sociedad verdaderamente libre debe responder a principios generales aplicables a todos los casos similares y no a lo que haya desayunado el juez.

Una forma de prevenir esto es tratar a todos por igual. Para el pleno desarrollo de un Estado de Derecho, cuando se resuelve un asunto concreto, deben de establecerse las reglas generales sobre las cuales se resolverán todos los casos similares en el futuro. Cuando los jueces resuelven la controversia sin poder anticipar a quienes se les pueda aplicar el mismo criterio en el futuro, se crea un control importante contra la arbitrariedad.  Esa regla previamente establecida, cuando las partes eran otras, no debería de poder variar arbitrariamente en un futuro cuando alguna de las partes tenga influencia o poder.

En el fondo, medir a todos con la misma vara es parte esencial del derecho a la igualdad. Este derecho no se limita a la igualdad ante la ley sino también debe abarcar la igualdad en la resolución de controversias bajo la ley. Debe ser un principio orientador de toda la actividad del poder público y de la nueva Guatemala que queremos construir y para esto se requieren parámetros iguales que exijan justificaciones razonables cuando los jueces se aparten de sus criterios previamente asentados.

Con sorpresa vemos a veces criterios contradictorios en casos similares por el mismo tribunal. Tuve esa experiencia con una magistrada en donde dos casos iguales, sin explicación, los resolvió de forma opuesta. Acudir a la justicia en esas circunstancias resulta más una cuestión del azar que de parámetros claros y predecibles. Esto nos debe de importar a todos.  No puede prosperar una sociedad si no cuenta con tribunales confiables que emitan resoluciones imparciales, apolíticas y predecibles. Esos lineamientos no pueden variar atendiendo a quienes sean las partes en cada caso.

Existen por supuesto, muy distinguidos jueces en nuestro país que hacen esfuerzos heroicos para hacer de la igualdad el principio orientador de sus resoluciones. Por eso la clave de nuestro desarrollo está en fortalecer a los jueces, que incluye formar, proteger y ascender a los buenos, al mismo tiempo que se depura a los malos. Mientras los pronunciamientos judiciales puedan basarse en el desayuno del juez, no seremos una sociedad verdaderamente libre.

Tránsfugas en serie

Por Alexander Aizenstatd

Nos han hecho creer que los diputados tienen un derecho a cambiar de bancada por la cual fueron electos. El transfuguismo parlamentario no es un derecho, es un abuso y un fraude al elector.

La Corte Constitucional de Colombia ha descrito que el transfuguismo “denota en el elegido una falta de firmeza ideológica, debilidad de convicciones, exceso de pragmatismo y anteposición de intereses personales y egoístas sobre aquellos programas e ideario del partido político que lo llevó a ocupar un cargo de representación popular, y por supuesto, un fraude a los electores”. ¿Es esto congruente con la calidad de dignatario de la nación?

Tenemos las tasas más altas de transfuguismo de la región. Más del 40% de todos los diputados electos desde 1990 han abandonado el partido político por el cual fueron electos. Algunos han sido verdaderos tránsfugas en serie. Solo en estos últimos años han cambiado entre 4 y 7 veces de bancada. Algunos diputados incluso han dado un círculo completo para regresar al partido por el cual fueron electos originalmente. Otros pasan a ser Jefes de bloque del partido por el cual no fueron electos, situación que hasta recientemente fue prohibida.

Tenemos diputados que se cambian de bancada inclusive antes de tomar posesión del cargo. Cinco diputados ni siquiera habían asumido en la anterior legislatura cuando notificaron su deseo de volverse independientes.

El transfuguismo contradice principios básicos del sistema democrático. No es solo un tema de afinidad individual sino que contraviene la efectividad del voto. Esto lógicamente causa una desconfianza de los ciudadanos. Si el soberano por medio del sufragio universal ha decidido la configuración de los bloques parlamentarios, estos no pueden ser cambiados por los diputados con base en sus intereses personales. Los partidos políticos deben de ser más que un simple vehículo para llegar al poder, una canción o un color de corbata. En la elección se forma un acuerdo entre el elector, el diputado y el partido, que no puede ser modificado por cada uno de ellos.

Esto no significa que los diputados no mantengan la independencia de tomar decisiones. Pueden votar según su criterio y usar la corbata del color que así decidan. Pero no pueden cambiar de bloque partidario y menos aún trasladar los recursos asignados por el soberano a otro partido. El financiamiento por bloque, asesores, puestos en comisiones y otros derechos que contempla la ley fueron asignados por el elector al bloque y no pueden desatenderse sin contrariar su voluntad. A los diputados no se les eligió por su neutralidad política sino dentro de una lista agrupada bajo una plataforma electoral partidaria libremente escogida por ellos. No pueden cambiarla sin contravenir la Constitución.

Cada diputado libremente aceptó ser postulado por un partido específico. Ofertó y defendió una plataforma partidaria en campaña y su vinculación incidió en la voluntad del elector. Esta vinculación no puede desatenderse sin defraudar la voluntad de los electores, que según la Constitución son soberanos. Los partidos que los reciben también cometen un acto antidemocrático y traicionan la confianza de los electores. Desde el 2015 he interpuesto varias acciones a nive constitucional sobre este tema sin que la Corte de Constitucional resuelva de manera clara y definitiva que el transfuguismo contraviene la Constitución, ya lo han hecho muchos de sus pares latinoamericanos, acá ha desaprovechado esa oportunidad.

Exigirle a un diputado que guarde una actitud coherente frente a quienes propuso una oferta electoral con el objetivo de obtener un cargo es razonable Tampoco es contraria al derecho de asociación, sino precisamente producto de la misma. De ahí que no pueda usarse como pretexto para evitar los deberes que voluntariamente asumieron haciendo uso precisamente de ese derecho. No hay libertad sin responsabilidad. En caso contrario se anteponen los intereses personales de un diputado a los de todo el sistema democrático. Los diputados deben de permanecer en el bloque por el cual fueron electos, por lo menos durante esa legislatura. Si desean cambiar tienen solo dos opciones, o se postulan para la reelección por un partido diferente o renuncian, pero no solo al bloque legislativo, sino al cargo.

 

 

Tomarse la Constitución en serio

Por Alexander Aizenstatd

El Gobierno no sólo debe evitar hacer lo que le está prohibido, también debe hacer aquello a lo que está obligado.

La construcción de una verdadera democracia requiere que los ciudadanos tengan la esperanza de que existe alguna oportunidad de forjar un mejor futuro en común. Para eso es indispensable que como mínimo se cumpla con garantizar una serie de derechos. Esos derechos, reconocidos en la Constitución, son la principal justificación para la existencia del Estado mismo.

¿Podemos decir que la norma suprema se cumple en Guatemala?

  • Tenemos libertad de prensa (Artículo 35), pero se asesina a los periodistas.
  • Tenemos libertad de comercio (Articulo 43), pero se extorsiona a los empresarios.
  • Tenemos derecho a la vida y seguridad (Artículo 1), pero la violencia nos asedia todos los días.
  • Tenemos derecho a protección especial de los niños y niñas (Artículo 51), pero tenemos la tasa más alta de embarazo de niñas en Latinoamérica.
  • Tenemos derecho a la justicia pronta y cumplida (Artículos 12 y 207), pero los juicios tardan décadas.
  • Tenemos derecho a la salud (Artículos 93 y 95), pero los hospitales nacionales están colapsados.
  • Tenemos derecho a la educación (Articulo 71), pero hay escuelas en condiciones precarias.
  • Tenemos Constitución, pero no hay un solo derecho (tan sólo uno) en la misma, que esté plenamente garantizado.

Claro, no todos estos casos provienen directamente de actos del Estado. Los tiempos han cambiado. Nuestros principales problemas no surgen solo de acciones del Estado sino de su inactividad. Pero para tomarse la Constitución en serio no basta con que el Estado no realice acciones que nos perjudiquen, sino también que deje de permanecer pasivo hasta garantizar a todos el pleno disfrute de los derechos en ella contenidos. No basta con que dejen de hacer lo que les está prohibido, deben de ocuparse también de aquello a lo que están obligados. El principal problema de nuestras instituciones no es lo que hacen, sino lo que están obligadas a hacer y no hacen. Está omisión es también una agresión a la Constitución.

El reto que tenemos es que los gobernantes también sean responsables por lo que tienen obligación de hacer, y no hacen. La tarea no es fácil, ya que los mecanismos de protección constitucional (habeas corpus, amparo, inconstitucionalidad) están originalmente diseñados para detener las agresiones del Estado y no para obligarlos a cumplir con sus obligaciones.  Para detenerlos y no para obligarlos a actuar. Pero si vamos a tomarnos la Constitución en serio es necesario que estos mecanismos de protección y los tribunales que los aplican se adapten a los tiempos. Más allá de supervisar que no se violen las normas, deben de velar porque se cumpla con el goce efectivo de los derechos en ellas contenidos.

Más afecta el orden constitucional la pasividad endémica de las instituciones del Estado para garantizar los derechos a los ciudadanos que cualquier otra medida tomada por el Estado. Si no se cambia la tendencia, la pasividad de las instituciones y la falta de mecanismos para obligarlos a actuar, creará una crisis constitucional. Mientras eso no cambie y no se garantice el pleno goce de los derechos, no podemos decir que nos tomamos la Constitución en serio.

 

 

El otro lado de la Reforma Judicial

Por: Alexander Aizenstatd

El Organismo Judicial se encuentra en una profunda crisis de credibilidad. Los motivos sobran. Salvo distinguidas excepciones, todo apunta a un sistema cooptado por intereses y donde el criterio más importante para el ingreso, permanencia y ascenso no es el mérito. Urge una reforma y para ello es indispensable crear una autentica carrera judicial. Las diferentes propuestas de reforma constitucional apuntan a esto. Se aumentan los plazos de nombramientos judiciales. Se aleja a la política de los nombramientos. Se otorga a quienes integran el organismo judicial la exclusividad para ocupar distintos cargos judiciales y para ascender, incluso hasta la misma Corte Suprema de Justicia. Se aprecia un consenso generalizado sobre la necesidad de fortalecer a los jueces, aunque existan distintas opiniones sobre la forma más adecuada de lograrlo. Se discute mucho ahora sobre las prerrogativas que deben asegurarse a la función judicial, pero poco sobre la otra cara de la reforma judicial, lo que debemos de exigirles a los jueces.

A quien mucho se da, también mucho se debe demandar. Si la reforma del sistema de justicia otorga todas estas ventajas a los jueces, es necesario que también les exija. A quien se ha confiado la responsabilidad de juzgar, se debe calificar bajo un parámetro más estricto. Pero hoy tenemos un sistema disciplinario que no ha servido para depurar y que difícilmente sanciona a los jueces. El régimen de sanciones del Colegio de Abogados no es más eficiente. ¿Conoce usted el caso de algún abogado que haya sido inhabilitado de forma permanente? Los motivos sobran pero los casos no existen. Si las reformas se fundamentan en que al sistema se han colado jueces malos, entonces nos ponemos la soga al cuello si solamente les concedemos beneficios que incluyen la inamovilidad. No hay un balance adecuado si no se implementan al mismo tiempo los mecanismos de control que nos permitan depurar a los malos elementos.

Bajo el sistema actual, si un juez coacciona sexualmente a quien acuda a su juzgado podría ser sancionado con una suspensión de tan solo 45 días. Si se presenta a trabajar bajo efectos de estupefacientes la pena máxima es de 20 días. Esto siempre y cuando la denuncia se haya puesto dentro de los 3 meses siguientes. De lo contrario no se le podrá sancionar nunca. Difícilmente será condenado pues la junta de disciplina está integrada por sus mismos colegas. Pero aún en aquellos casos en que se haya impuesto la sanción, esta solamente permanecerá en la ficha del juez durante un año. Después de un año las sanciones disciplinarias ya no formarán parte de sus antecedentes. Esto lo establece el mismo pacto colectivo del Organismo Judicial. Resulta que cuando un juez presenta una constancia de carencia de sanciones, esta lo es solamente del último año y no más. De ahí que cuando presenta una candidatura a un puesto con un expediente limpio, no siempre es un fiel reflejo de la realidad. Acá, un instrumento de negociación de condiciones colectivas de trabajo ha sido utilizado para ocultarnos la información más relevante en la elección de jueces y magistrados.

Hasta ahora parece que el proceso disciplinario es más débil con quienes debería de ser más estricto. Un juez que solicite un soborno podría recibir una suspensión de tan solo 45 días, cuando debería de ser removido para siempre. Debe necesariamente reformarse la carrera judicial para otorgar a los jueces las prerrogativas que les permitan ejercer su cargo adecuadamente, pero también se les debe de exigir más. Veo un debate hasta ahora enfocado principalmente en las prerrogativas y poco en las obligaciones y menos en las formas de exigirlas. Para realmente mejorar el sistema de justicia debemos de ver los dos lados de esta reforma al mismo tiempo.

No hay Rolex gratis

Por: Alexander Aizenstatd

Cuando el empresario salió de la reunión con el Presidente, los dos millones de dólares en su maletín, habían sido sustituidos por granos de maíz, todo había salido de acuerdo al plan. En el caso World Duty Free contra Kenia, un tribunal de arbitraje conoció una controversia relacionada con la obtención de contratos para operar las tiendas libres de impuestos en el aeropuerto. Para obtener el contrato al inversionista se le requirió una “donación personal” de dos millones de dólares para el Presidente en un maletín. Este caso ocurrió a miles de kilómetros de Guatemala, pero las revelaciones de los últimos años nos permiten inferir que las cosas no han sido tan distintas acá.

El número y magnitud de los casos recientemente revelados nos ha impedido tomar el tiempo para reflexionar sobre casos como estos y desarrollar una explicación académica sobre el soborno y para clasificarlo. Ya en 1979 el Profesor Michael Reisman en su obra “Cohechos, cruzadas y reformas” nos ofrece varias explicaciones sobre el soborno. La condición esencial para el soborno explica es un grado de control por un actor estatal sobre una transacción que sea considerada valiosa por parte de un tercero, quien libremente o bajo presión, esta dispuesto a pagar por ella.

Según el profesor existen tres formas de sobornos, en orden de gravedad:

  • El soborno de transacción, es el pago a un funcionario para que realice un acto que tenía la obligación de hacer. En ocasiones es exigida por el funcionario como una especie de extorsión. Por ejemplo, un Ministro exige una comisión para que el Estado page una deuda a un contratista. La deuda existe, el funcionario cobra por cumplir con su obligación.
  • El soborno de variación, es el pago a un funcionario para que realice un acto que viola la ley o bien que deje de cumplir con sus obligaciones. Por ejemplo, cuando se paga a un policía para que no arreste a quien ha cometido un delito. Este tipo de soborno tiene una incidencia mayor en el sistema de justicia.
  • La tercera y más grave forma de soborno es la compra directa del funcionario, que yo llamaré soborno de adquisición (o de cooptación). En este caso no se paga al funcionario para que realice un acto concreto sino para asegurarse su lealtad en el futuro. Se le compra y no se le pide nada a cambio, por ahora. Tiene incidencia catastrófica en el sistema de derecho. Por ejemplo, donarle un apartamento a un juez, sin exigir una acción a cambio. El funcionario reemplaza los intereses de los ciudadanos por los de su nuevo dueño. Este tipo de soborno derrumba los cimientos del estado de derecho.

No puede justificarse diciendo que no es soborno pues no ha tenido que dar algo a cambio, lo que ha dado es su lealtad. Si un funcionario ha recibido un “obsequio” valioso y no podemos determinar a cambio de que, es cuando más debe de preocuparnos. Pues ha sido comprado.

Al inicio de la obra el Padrino, Don Corleone le dice a Amerigo Bonasera luego de acceder a hacerle un favor, que no quiere dinero a cambio, pero algún día lo llamará, y ese día puede nunca llegar, para pedirle un favor de vuelta. Al igual que un funcionario que ha recibido un objeto de valor, se ha asegurado su lealtad. Lo ha comprado. Por eso no hay Rolex gratis.